NUEVA YORK – (4 de abril de 2023) Hoy, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció $62,283,000 para mejoras esenciales de infraestructura de agua potable en Puerto Rico así como en todo el país a través del Fondo Rotativo Estatal de Agua Potable (DWSRF). Gracias a un impulso de $6 mil millones dado por la Ley Bipartidista de Infraestructura de la Administración Biden-Harris, la EPA está aumentando las inversiones disponibles para reconstruir la infraestructura de agua del país.
“Cada comunidad merece acceso a agua potable segura y limpia”, comentó el administrador de la EPA, Michael S. Regan. “Gracias a las históricas inversiones en infraestructura del presidente Biden en Estados Unidos, tenemos una oportunidad sin precedentes para revitalizar los sistemas de agua potable de Estados Unidos, apoyar el objetivo de la Administración Biden-Harris de eliminar el 100% de las tuberías de plomo en todo nuestro país y proteger a las comunidades de la contaminación por PFAS”.
“La EPA está aportando los fondos donde existen necesidades prioridades al trabajar con nuestras estatales para servir agua limpia a las comunidades, proteger la salud pública y promover la justicia ambiental en Puerto Rico y todo el país” señaló la administradora regional de la EPA, Lisa F. García. “Este financiamiento forma parte de las inversiones únicas en la vida que estamos haciendo para transformar la infraestructura conforme a la Ley Bipartidista de Infraestructura”.
“Como gobierno, continuaremos reconstruyendo nuestra infraestructura de agua potable para que sea más sólida y resistente. El apoyo que Puerto Rico está recibiendo del gobierno federal a través de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos con la Ley Bipartidista de Infraestructura y el Fondo Rotativo de Agua Potable es fundamental para nuestras comunidades más desventajadas y significará una mejor calidad de vida para todos. En nombre de todos los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico agradecemos a la administración Biden-Harris y continuaremos trabajando con la EPA y el gobierno federal por el bienestar de todos los residentes en la Isla”, indicó el Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi.
“Doy la bienvenida a esta nueva asignación de $62.2 millones en recursos federales de la Ley Bipartidista de Infraestructura para mejorar la infraestructura de agua en Puerto Rico. Después del huracán María, vimos la necesidad de fortalecer dicha infraestructura para evitar interrupciones en el servicio de agua y garantizar que nuestras comunidades tengan acceso a agua potable en todo momento”, comentó la Congresista Jenniffer González Colón.
Entre los ejemplos recientes del tipo de trabajo que se financia se incluyen el uso planificado de fondos por parte del gobierno de Puerto Rico en la planificación, diseño, construcción y reemplazo de sistemas elegibles de agua potable que se enfocan en comunidades desventajadas en todas las islas. Además, se realizarán estudios a fin de definir la potencial presencia de plomo para el posible reemplazo de tuberías en toda la Isla. Mientras tanto, los fondos de la Ley Bipartidista de Infraestructura se utilizarán también para evaluar el posible impacto de contaminantes emergentes en 5 sistemas de agua potable propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.
La Administración Biden-Harris está comprometida a fortalecer la infraestructura hídrica del país, proporcionando a la vez recursos significativos para atender retos como el cambio climático, contaminantes emergentes como sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), tuberías de plomo y seguridad cibernética.
Las asignaciones de DWSRF a los estados se basan en los resultados de la 7maª Encuesta y Evaluación de Necesidades de Infraestructura de Agua Potable (DWINSA) de la EPA. La encuesta, que es requerida por la Ley de Agua Potable Segura de 1996, evalúa las necesidades de infraestructura de los sistemas públicos de agua del país cada cuatro años y los hallazgos se utilizan para asignar subvenciones de DWSRF a los estados. Las utilidades de agua potable necesitan $625 mil millones en inversiones en infraestructura durante los próximos 20 años para garantizar la salud pública, la seguridad y el bienestar económico de la nación.
Bajo la dirección del Congreso, la 7maª Evaluación de Agua Potable de la EPA, por primera vez incluyó preguntas de encuesta centradas en las tuberías de servicio de plomo y está proyectando un total nacional de 9.2 millones de tuberías de servicio de plomo en todo el país. Estas proyecciones a nivel nacional y estatal de los recuentos de líneas de servicio ayudarán a promover una oportunidad única de emplear una fórmula de asignación de tubería de servicio principal separada para el financiamiento de reemplazo de tuberías de servicio de plomo de DWSRF de la Ley de Infraestructura Bipartidista que se basa en la necesidad. Casi $3 mil millones de los fondos anunciados hoy se destinarán específicamente a identificar y reemplazar tuberías de servicio de plomo, dando un paso clave hacia el objetivo de la Administración Biden-Harris de lograr sistemas de agua 100% libres de plomo.
La Ley Bipartidista de Infraestructura de la Administración Biden-Harris está invirtiendo más de $50 mil millones en mejoras de infraestructura de agua y aguas residuales en todo el país entre el año fiscal 2022 y el año fiscal 2026. En su segundo año de implementación, habrá $6 mil millones en fondos de la Ley Bipartidista de Infraestructura disponibles para los estados, tribus y territorios a través del DWSRF. De ese financiamiento, la Ley Bipartidista de Infraestructura invertirá $3 mil millones para identificar y mejorar las tuberías de servicio principales, $800 millones para abordar PFAS y otros contaminantes emergentes, y $2.2 mil millones en otras mejoras críticas del sistema de agua potable. Además, aproximadamente $500 millones estarán disponibles también a través de las asignaciones anuales de DWSRF, establecidas por la Ley de Agua Potable Segura.
La EPA se compromete a garantizar que cada comunidad tenga acceso a esta inversión histórica y ha centralizado la creciente inversión en comunidades desventajadas dentro de su implementación. La implementación de la Ley Bipartidista de Infraestructura requiere una fuerte colaboración, y la EPA continúa trabajando en asociación con los estados, tribus y territorios para garantizar que las comunidades perciban todos los beneficios de esta inversión. Además, la EPA está fortaleciendo sus programas de asistencia técnica de agua para apoyar a las comunidades en la evaluación de sus necesidades de agua y en solicitar su parte justa de esta inversión histórica.
La agenda Invertir en Estados Unidos del presidente Biden está haciendo crecer la economía estadounidense de abajo hacia arriba y desde el medio hacia fuera, desde la reconstrucción de la infraestructura de nuestra nación, hasta la creación de un auge de fabricación e innovación impulsado por empleos bien remunerados que no requieren un título de cuatro años, hasta la construcción de una economía de energía limpia que combatirá el cambio climático y hará que nuestras comunidades sean más resilientes.
Más información sobre la Ley Bipartidista de Infraestructura.
Trasfondo
Las enmiendas de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) de 1996 ordenaron que la EPA realizara una evaluación de las necesidades de infraestructura de los sistemas públicos de agua del país cada cuatro años y utilizara los hallazgos para asignar subvenciones de capitalización de DWSRF a los estados.
Los DWSRF han sido la base de la inversión en infraestructura de agua durante más de 25 años, proporcionando financiamiento de bajo costo para proyectos locales en todo Estados Unidos. Desde su creación, los estados han proporcionado casi $53 mil millones a través de programas de DWSRF a los sistemas de agua para aproximadamente 18,000 proyectos. Cada estado recibe un porcentaje de asignación que se basa directamente en su parte proporcional de la necesidad total de los 50 estados y Puerto Rico. El porcentaje puesto a disposición de cualquier estado individual oscila entre el 1% y casi el 11%, y a cada estado se garantiza un mínimo del 1% de la cantidad total disponible para los estados. Debido a la participación de cualquier estado individual en la necesidad total del estado, algunos estados verán aumentos o disminuciones en el porcentaje de fondos que reciben.
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